Hay un dato que debería ser la portada de todos los informativos y que, sin embargo, pasa casi de puntillas: el 52% de las carreteras españolas presenta deterioros graves, según el último informe conjunto de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Un 32% de la red —33.966 kilómetros— necesita ya una reconstrucción urgente. Varias fuentes del sector lo describen como el peor momento de la red viaria española en las últimas cuatro décadas.
Un agujero de 13.500 millones de euros en mantenimiento
El problema no es nuevo, es acumulado: los ingenieros de caminos calculan un déficit de mantenimiento de 13.500 millones de euros. Los estándares internacionales recomiendan invertir cada año en torno al 2% del valor del patrimonio viario español —unos 260.000 millones de euros—, lo que equivaldría a unos 5.200 millones anuales. En la práctica, entre el Ministerio y las comunidades autónomas se está invirtiendo poco más de 3.000 millones al año, lo que deja un agujero de 2.200 millones que se repite ejercicio tras ejercicio.
El Ministerio de Transportes ha anunciado una partida de 1.629 millones de euros repartidos en tres años, una cifra que los propios expertos del sector consideran «probablemente muy por debajo» de lo que realmente hace falta. Mientras tanto, las asociaciones de automovilistas europeas vinculan entre 1.000 y 1.500 accidentes al año directamente con el mal estado del firme.
Los círculos blancos: qué son en realidad (y qué no son)
En paralelo a este contexto, la medida de tráfico que más titulares ha generado este verano ha sido otra bien distinta: unos círculos blancos pintados junto a la línea central en algunas curvas consideradas peligrosas. Conviene ser precisos aquí, porque no tienen nada que ver con baches ni con el estado del asfalto: son una señal pensada específicamente para motoristas, para marcar el punto exacto hasta el que pueden inclinarse en la curva sin que su cuerpo —aunque las ruedas sigan dentro del carril— invada el sentido contrario.
La idea no es española de origen: se inspira en un sistema probado en Austria desde 2016 por la organización de seguridad vial KFV, que según sus propios datos logró reducir hasta un 80% determinados siniestros de motociclistas en los tramos donde se instaló. En España, las primeras pruebas sobre el terreno las hizo el Servei Català de Trànsit, en tramos como la BV-2115 (pantano de Foix), la N-260 en la Collada de Toses o la B-124, entre Sant Llorenç Savall y Calders. La DGT, de momento, tiene el sistema en fase de evaluación antes de decidir si lo extiende al resto de la red estatal; no existe todavía una implantación generalizada a nivel nacional.
El contexto que explica la urgencia de esta medida concreta es real y duro: en 2025 se registraron más de 300 muertes de motociclistas en vías interurbanas. Vista de forma aislada, es una medida barata y con datos internacionales que la respaldan.
Dos problemas reales, una sola foto incómoda
El problema no es la medida en sí —los datos austríacos son consistentes y el objetivo, proteger a los motoristas, es legítimo—. El problema es la comparación que se hace inevitable cuando ambas noticias conviven en el mismo mes: mientras el 52% de la red se cae a pedazos por un déficit de inversión de miles de millones, la actuación más visible y más barata de pintar en el asfalto es la que más ruido mediático genera. No es que una sustituya a la otra —son partidas presupuestarias y problemas distintos—, pero la desproporción entre la magnitud de un problema y la visibilidad de la solución que más se comenta es, como mínimo, motivo de conversación.